El acuerdo permite que, como ya ocurre en Zamora desde hace cuatro años, el juez derive determinados asuntos al Instituto, que nombrará a un letrado como mediador con el fin de que los ciudadanos puedan resolver el asunto de carácter civil, mercantil o familiar que ha denunciado sin llegar a litigar, ni a juicio ni a tramitar su demanda por vía judicial. El mismo convenio se firmará próximamente con Benavente, otro de los objetivos en cartera junto a la formación del resto de compañeros de cara a la entrada en vigor de la Ley de Mediación, en fase de alegaciónes, que obliga a usar esta vía, a una primera consulta con un mediador de las partes enfrentadas, fase previa a la vía judicial.

El Instituto de Zamora reclama que, una vez se dé luz verde a la Ley, se establezca un plazo de seis meses para su entrada en vigor, lo que supone acortar de forma considerable el tiempo fijado en el anteproyecto. Se trata de una normativa que «afectará a todos, tanto a abogados ejercientes como a los juzgados y a los ciudadanos», aclaran desde la Junta Directiva, que acaba de renovar también la vicepresidencia, que recae en María Jesús del Río Mayado, así como una vocalía que pasa a ocupar Noelia de la Torre Pérez. El resto de cargos, secretaría y tesorería, se sustituirán posiblemente a finales de mayo.

Las herencias, los concursos y especialmente, en un 90% de los casos, los asuntos relacionados con conflictos dentro el ámbito familiar son los que mayoritariamente han acudido a este novedoso sistema de resolución de conflictos, muy arraigado en los países anglosajones y en buena parte de Europa, que reduce tiempos de resolución y costes. La mayor parte de los abogados mediadores lo son en materia mercantil y civil, mientras que 32 lo son de familia.

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